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El Derecho Penal Tomado en su Conjunto; el Procedimiento Penal en Particular e Incluso la Misma Política Criminal Del Estado; Deben Estar Orientados al Cumplimiento Del Mandato Constitucional; al Reconocimiento y la Garantía Del Principio de Igualdad de Armas Que Busca Equilibrar Las Condiciones en Las Que Las Partes en Litigio Penal se Enfrentan; se Contradicen Y; Finalmente; se Someten a la Sentencia Judicial Dictada Por el Juez. Este Principio se Encuentra Presente en Las Legislaciones Nacional e Internacional; en Dos Sentidos: Como Regla de Juicio Dirigida a Garantizar un Debido Proceso Judicial y Como Regla de Protección de Los Derechos Fundamentales Del Imputado. En Colombia; la Doctrina; la Jurisprudencia y Las Propias Instituciones Judiciales e Investigativas; Coinciden en Afirmar Que; en el Marco Del Proceso Penal; Las Partes Enfrentadas; Esto Es; la Fiscalía y la Defensa; Deben Estar en Posibilidad de Acudir Ante el Juez Con Los Mismos Elementos de Convicción y Herramientas de Persuasión; Sin Privilegios ni Desventajas; a Fin de Incitarlo a Decidirse Por Sus Pretensiones Procesales. Ahora Bien; al Ser el Aparato Estatal Investigativo Encargado de Acusar; Por Regla General; Quien Detenta la Fortaleza Económica; Orgánica y Funcional; es Evidente Que se Encuentra en Clara Ventaja Frente a Los Demás Actores Del Proceso; en Especial Frente a la Defensa; Actor Particularmente Débil Que Requiere de la Habilidad; Los Conocimientos y la Contundencia Probatoria Del Abogado; Público o Privado; Que la Ejerza Adecuadamente. ISBN: 9788415089377