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Todo acuerdo de paz va encaminado a establecer un devenir mejor que el dado por las condiciones de la guerra, admitiendo que es posible la convivencia futura sin recurrir al uso de las armas para resolver las diferencias, reconociendo que existe una alternativa para invalidar la justificación de la violencia, invocándose el ius belli, como frágil puente entre la vida y la muerte, igual que el sufrimiento de la población y el futuro mejor que se atrevieron imaginar en el Acuerdo Final para la Paz. Con el deseo profundo de que los vaticinadores de la guerra no sean creídos, y los sucesos recordados aquí, una vez verificados, sean compartidos para que los profetas de catástrofes no tengan cabida. Para ello, y contrario a lo acontecido en el pasado al negar la existencia del conflicto armado interno para deliberadamente invalidar el DIH, las negociaciones de paz las abordamos desde la perspectiva del ius belli, a partir, inclusive, del ius ad bellum y de las disputas jurídicas surgidas por el Acuerdo Final, teniéndose no como un simple alegato pro domo, sino un auténtico proyecto para el futuro de obligatorio cumplimiento constitucional. El Estado colombiano no está aislado, ya que pertenece a la comunidad formada por el conjunto de estados que se han adherido a los tratados humanitarios. Así, los demás están en su derecho de querer asegurarse que las partes en conflicto respeten el ius pots bellum, igual que tienen la obligación de velar porque los contendientes en el conflicto acaten estos tratados con base, precisamente, en que las normas jurídicas no pueden por sí solas solucionar los problemas causados por el conflicto, menos que ninguna organización podría, por sí sola, encargarse de resolverlos. De allí que, buscando que las víctimas de la guerra gocen de una mejor protección, se hizo necesario, de un lado, el DIH y, de otro, la acción directa de las partes en el conflicto para terminar la guerra.